Consejería de Gobernación y Justicia, Junta de Andalucía
06/06/2013    Revista 2 | Editorial
Presentación del Comité Editor del Nº 2
Presentación del Comité Editor del Nº 2

Al público lector.


Llega a tus manos el segundo número de la Revista MEDIARA que, fiel a su compromiso, sigue la senda iniciada en nuestro primer número abordando  los temas de mayor relevancia, actualidad e interés que la Mediación y el Arbitraje plantean en nuestro entorno social, político y jurídico. Desde la aprobación de la Ley 5/2012 de asuntos civiles y mercantiles, se ha ido produciendo un lento proceso de implantación de la Mediación en el “Foro” como lo demuestra la paulatina existencia de resoluciones judiciales que le dan carta de naturaleza. Desde la ya conocida Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 20 de Mayo de 2010, de la que fue ponente Xavier O’Callaghan en la que, con ocasión de un litigio sucesorio, se analizan las razones por las que hubiese sido más provechoso, adecuado y eficaz el haber acudido a la mediación pues se trata de  un conflicto que va más allá de un mero problema patrimonial sino que estamos ante “un enfrentamiento familiar, que se vislumbra claramente en los escritos obrantes en autos, que podría haberse evitado yendo a la solución alternativa  de la Mediación, si las partes hubieran querido o la Ley la hubiera previsto. Es también digna de citar la sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Tarragona, de 25 de septiembre de 2011, en la que se recomienda a los padres que, una vez divorciados y establecido el régimen de guarda y custodia de sus hijos, acudan al centro de Mediación familiar para adaptarse con mayor eficacia a la nueva situación que la custodia compartida comporta.

No obstante, queda mucha tarea por hacer como lo demuestra el artículo que publicamos del que es autor el Magistrado de la Audiencia de Barcelona, Pascual Ortuño, titulado “La iniciativa de los Puntos Neutros Pro Mediación”, integrados por profesionales de distinta procedencia dentro del campo del Derecho, que aúnan su formación y experiencias para lograr que la Mediación se integre con la mayor eficacia en el seno del Sistema judicial español. Entre la cuestiones más relevantes que trata, nos interesa destacar la de la dificultad que plantea la introducción de la práctica profesional de la Mediación, problema al que no es ajeno el hecho de que las Universidades siguen sin adoptar una actitud clara y firme a la hora de introducir los estudios de ésta en sus planes formativos, salvo la existencia de algunas asignaturas optativas y los posgrados que una parte de ellas ofrecen.


Este tema incide directamente en la problemática plateada en relación con la formación de las personas mediadoras, tema que aborda el Dr. Borja Mapelli, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla y director del Máster de dicha Institución. Como pone de relieve en su artículo, el panorama relativo a la formación, dista mucho de ser claro y homogéneo. Efectivamente, las leyes de la casi totalidad de la Comunidades Autónomas establecen los requisitos de formación que no se coordinan en absoluto con los que pretende establecer el Legislador estatal, según se deduce del Proyecto de Real Decreto que desarrolla la Ley 5/2012 en materia de formación, registro y aseguramiento de la responsabilidad profesional de las personas mediadoras. Si el hecho de que la normativa autonómica no sea coherente ya es, de por sí, un problema, lo es aún más que el Legislador estatal venga a “rebajar” de forma tan injustificada los requisitos de formación y acceso a la actividad profesional de mediación, lo que va a crear un serio riego de “descrédito” para esta profesión. De ello han sido conscientes muchas de las voces que se han ocupado del tema, desde el Consejo General del Poder Judicial, la Plataforma Proformación Universitaria del Mediador (PROFEU) y la Conferencia de Universidades agrupadas en la CUEMYC (Conferencia de Universidades Españolas para el Estudio de  la Mediación y el Conflicto) por cuanto no parece lógico establecer una formación mínima de 50 horas, sin tan siquiera utilizar los criterios del Plan Bolonia (los créditos ECTS) y cuando el acceso a la profesión exige adquirir una formación “especifica” y poseer un título oficial universitario o, lo que es incomprensible, uno de formación profesional superior. La importancia de las materias relativas a las personas – menores incluso -  que acuden a la mediación, sea en el campo familiar, laboral, vecinal e incluso, penal o penitenciario, que afectan a su esfera personal y patrimonial, la importancia de la Mediación como vía complementaria a la Justicia, su relevancia social como medio de resolución de conflictos sociales, su imbricación cada vez más evidente con los órganos de Justicia, la importancia de los acuerdos que puedan alcanzarse, su trascendencia jurídica y la responsabilidad que acarrean, no pueden ser desconocidos por el Legislador. Como ha puesto de relieve García Villaluenga en la Asamblea constitutiva de la CUEMYC, debemos promover una formación en mediación de calidad, determinando las competencias que ha de tener el mediador en garantía de la institución mediadora, así como la conveniencia de crear un sello de acreditación de dicha formación y de los mediadores. Solo así podremos crear un sistema “institucionalizado” de Mediación serio, competente y responsable.

Todo ello porque el conflicto es un “producto de la cultura de los pueblos” y ha de estudiarse desde y dentro de ese contexto, tal y como pone de manifiesto el trabajo titulado “La cultura del acuerdo y la mediación” del que es autor el Dr. Fermín Romero, Profesor de la Universidad de Las Palmas, con el que no podemos menos que estar de acuerdo cuando afirma que intervenir en los procesos de resolución de conflictos es un quehacer que supera el mero uso de las técnicas apropiadas, por lo que no cabe reducirlo a una mera comprensión instrumental. Ello pone de relieve la complejidad del análisis y la tarea del mediador, que no puede abordarse desde una formación “de mínimos” como pretende nuestro Legislador.


En la sección “Reportaje” se expone la experiencia del Programa “Aprendiendo a Mediar” llevado a cabo en varios centro de enseñanza de Sevilla y donde el tratamiento de los conflictos en relación a su contexto, son ejemplo inmejorable de lo que se mantiene en estas líneas. Este proyecto piloto ha puesto de manifiesto la necesidad de formar en el manejo de técnicas de resolución de conflictos a través de la mediación, tanto a profesorado como al alumnado.


En esta misma línea, publicamos un artículo sobre la Mediación laboral en Andalucía, que expone la experiencia del Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA)  que desde su entrada en funcionamiento en 1999 ha potenciado la autonomía y la negociación colectiva mediante la búsqueda de soluciones a los conflictos laborales, basadas en el consenso y la corresponsabilidad, que poseen la eficacia vinculante de un Convenio colectivo. Basta con reparar en los datos que el Informe facilita, para comprobar la eficacia de su actuación y la cada vez mayor extensión de su ámbito de actividad, por el progresivo aumento de los conflictos que se resuelven en su seno.

Por otra parte, en relación con el Arbitraje, se pone de relieve que ésta es una vía de acceso a la Justicia cada vez mas “tecnificada” y que va cediendo terreno ante la mediación salvo en campos donde la formación, experiencia y autoridad de los árbitros siguen siendo un elemento decisorio. Tal y como se pone de de relieve en el trabajo del Dr. Pedro Baena Baena, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla, sobre “La resolución arbitral de controversias en materia de Derecho de sociedades” en la que viene a poner de relieve cómo las recientes reformas normativas y la línea jurisprudencial más reciente vienen a suponer una ampliación del campo de aplicación del Arbitraje en el seno del derecho de Sociedades. No obstante, es de observar como la progresiva profesionalización de la Mediación y, por tanto, la mejora de sus resultados vienen suponiendo un avance con respecto al Arbitraje en algunos sectores, como el de los conflictos de Consumo, pese a la parquedad normativa con la que nuestro Legislador la regula en el seno del Sistema de Resolución Alternativa de Litigios, como lo demuestran los resultados de diversas Juntas Arbitrales. Es de esperar que la próxima aprobación de sendos textos de normativos procedentes de la Unión Europea – una Directiva y un Reglamento – que pretenden reforzar a las entidades de Resolución Alternativa de Litigios para elevar el nivel de protección de los consumidores en la Unión Europea. Se trata de conseguir una cobertura total por la RAL, mediante unas entidades eficaces, justas, transparentes e imparciales, con un acceso fácil mediante una plataforma europea que permita presentar  la reclamación y resolverla por vía electrónica, independientemente de lo que se haya comprado y cuando.

En definitiva, con este segundo número queremos seguir en la senda del compromiso de todos los que integramos la Fundación MEDIARA y su “órgano de expresión” de promover desde Andalucía la extensión de los medios consensuales que “empoderan” a la ciudadanía a la hora de resolver los conflictos sociales con unos criterios basados en el consenso, la equidad y la cercanía. De ti lector depende, en gran parte, nuestro éxito.

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