Consejería de Gobernación y Justicia, Junta de Andalucía
06/06/2013    Revista 2 | Cuadernos
La iniciativa de los Puntos Neutros Pro Mediación
Pascual Ortuño Muñoz | Vicepresidente europeo de GEMME
Es vicepresidente europeo de GEMME (Grupo Europeo de Magistrados pos la Mediación. Ejerce su cargo de magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona (desde 1998). Ha sido el experto español en la negociación de la Directiva 52/2008, sobre mediación en el ámbito civil y mercantil.
Ha sido Director de la Escuela Judicial Española y Director General de Derecho Privado del Gobierno de Cataluña. Profesor de Fundamentos de Derecho Civil en las Universidades de Murcia y Pompeu Fabra de Barcelona.
Fue miembro de la Red Europea de Cooperación Judicial Internacional y ha sido representante de España en la Conferencia de la Haya, en el Comité de Derecho Civil de la Comisión Europea y en diversos organismos internacionales.
Patrono de la Fundación Aequitas, del notariado. Ha publicado más de cien artículos y tres libros de derecho procesal, derecho de familia y mediación.
En esta ocasión reflexiona sobre la iniciativa de poner en marcha los Puntos Neutros de Mediación por parte de GEMME.
La iniciativa de los Puntos Neutros Pro Mediación

1.- El autoritarismo en la cultura española del litigio.

El sistema de justicia español tiene unos anclajes profundos en la cultura del litigio y en el objetivo de conseguir la victoria a todo trance sobre el que discrepa de los puntos de vista propios. No es un signo de identidad patrio, como algunos opinan, sino que es una forma de afrontar los conflictos que se comparte con los países europeos de la cuenca mediterránea como consecuencia de la cultura maniquea del bien y el mal, del carácter absoluto de lo justo y de lo injusto. Por esta razón resulta especialmente difícil la inserción de métodos alternativos de resolución de controversias.

Tiene mucho que ver en esta actitud tan beligerante la tradición autoritaria en la forma de entender las relaciones sociales. Esta es una diferencia importante respecto de la cultura anglosajona que ha sido secularmente más pragmática. La forma de concebir la negociación, por ejemplo, está en España impregnada de un apriorismo fatal, puesto que el punto de partida es el de que lo único que cabe negociar es la rendición del otro o, cuando nos vemos perdidos, una capitulación honrosa. El objetivo de buscar lo que es más práctico, menos costoso, o más conveniente, no es apreciado en términos generales por la ciudadanía que, en base a un sentido del honor o del orgullo exacerbado, prefiere perder todo a ceder en algo. La célebre frase “dar la patada al brasero” es una manifestación de este espíritu destructivo que inspira desde las relaciones personales y familiares, a los negocios, las relaciones empresariales y la política.

2.- El cambio de paradigma que aporta la mediación.

La metodología en la que se basa la mediación es la de la racionalización de los conflictos mediante el descubrimiento de los intereses reales de cada una de las partes que, con frecuencia, están ocultos y sepultados en las posiciones beligerantes de quiénes han optado por el enfrentamiento y la guerra. Cuando se busca a un abogado se suele valorar sobre todo al que tiene un perfil más agresivo, más batallador. Los procesos de negociación previos a la presentación de las demandas en los que se va acompañado del propio abogado, suelen ser ya una exhibición de poderío y fuerza del propio letrado. De allí se sale con la sensación de que se ha ganado a la otra parte en la batalla dialéctica, porque el abogado propio ha abrumado al de la otra parte con sus brillantes argumentos, cuando en realidad lo que se ha producido es un fracaso rotundo, puesto que la alternativa del pleito, de la guerra, es siempre destructiva y de enormes costes, aun cuando finalmente se tenga opción a una sentencia que la mayor parte de las veces llegará tarde.

Si observamos los sistemas judiciales en los que se ha implantado la mediación vemos muy pronto que el cambio de actitud se ha producido gracias a la opción decidida y mayoritaria de los operadores jurídicos, fundamentalmente de los abogados, de los asesores de empresas, de los notarios, procuradores y fiscales, que se han convencido de que la mediación es un método de trabajo a su servicio. Con los mecanismos clásicos para actuar profesionalmente en un conflicto únicamente se disponía de dos instrumentos: la negociación directa con la otra parte o por medio de abogados, y el planteamiento de la demanda ante los tribunales. La mediación introduce un tercer mecanismo, puesto que el arbitraje es una variedad del sistema de tribuna en el que el juez es elegido por las partes. La negociación directa produce muchos acuerdos, especialmente en el sector de los seguros, en laboral o en el familiar, aun cuando hay un segmento de asuntos en los que las posiciones de las partes se encallan y fracasan. El pleito tiene los condicionantes de la violencia estructural que se genera, la pérdida de relaciones, y las deficiencias del sistema burocrático en cuanto a la generación de soluciones rápidas y eficaces.

La característica esencial de la mediación es que el proceso, a diferencia de los otros medios, es confidencial y dirigido por un profesional experto en análisis de conflictos, en comunicación y en el manejo de situaciones de dificultad elevada. La ventaja fundamental es que no hay perjuicios irreversibles por intentar el proceso, puesto que a diferencia del proceso judicial y del arbitraje, es permanentemente voluntario y en el caso en el que cualquiera de las partes opte por darlo por concluido se termina, quedando el mediador sujeto al secreto profesional, y sin que los documentos que se hayan producido en el devenir del proceso (por ejemplo, dictámenes periciales, borradores de trabajo, etc…), puedan ser utilizados en el ulterior proceso judicial.

3.- La dificultad de introducir la práctica profesional de la mediación.

A pesar de las enormes ventajas que ofrece la mediación los profesionales que trabajan en el ámbito de la conflictología no la utilizan. La causa más probable es el desconocimiento del funcionamiento del sistema y del propio proceso en sí. Es natural que un abogado opte por no aconsejar a un cliente el sometimiento de un asunto a mediación si no controla perfectamente en qué consiste esta institución, a qué se va a comprometer su cliente, cómo va a poder él asesorarle y garantizarle que no se le generará ningún perjuicio y, especialmente, si no tiene confianza en los mediadores porque desconoce quiénes son, cómo está garantizada su profesionalidad, su capacidad y el carácter confidencial de su intervención. Lo mismo le ocurre a un graduado social, a un notario o a un asesor empresarial. Es cierto que con la Ley 5/2012 algunos de estos aspectos se han aclarado pero, no obstante, hasta que no se participa activa y directamente en un proceso de mediación las desconfianzas subsisten. Mas como en el caso de la pescadilla que se muerde la cola, no se participa porque no hay el suficiente número de casos sometidos a mediación, por lo que muy pocos abogados pueden hablar positivamente de algo que no han aprendido con su propia experiencia.

Por otra parte es de destacar que ni la negociación como actividad propia del asesoramiento jurisconsulto, ni la mediación como proceso típico, estructurado y singular, ha sido objeto de estudio en la planificación académica de licenciatura en las facultades de derecho. Tímidamente se empiezan a consolidar las maestrías o los estudios de postgrado, e incluso alguna facultad ha empezado a incluir esta materia en el temario, pero no es una actividad con tradición en el acervo del jurista ni tampoco ha sido objeto de un número significativo de tesis doctorales. Otro tanto ha ocurrido con los másteres para el ejercicio de la abogacía de las diversas escuelas de práctica jurídica.

Es comprensible que los profesionales llamados a defender a ultranza los intereses de su cliente no van a realizar un acto de fe optando por un método desconocido, que les puede acarrear la desconfianza de su propio cliente. Si se le ofrece la mediación como vía alternativa el cliente sospecha inmediatamente de los motivos que tiene el abogado para aconsejarle este sistema cuando precisamente él lo buscó como el mejor samurái de la ciudad para que peleara en su nombre, le ganara el pleito y venciera definitivamente a su enemigo. Ante la propuesta para que se acuda a mediación el cliente piensa que su abogado puede tener compromisos con la otra parte o que no dispone de la preparación técnica suficiente, y al final terminará buscando otro abogado.

De esta forma se ha podido constatar que a pesar de que se han promulgado leyes de mediación en nuestro país tanto en el ámbito autonómico como en el estatal, a pesar de las recomendaciones del Consejo de Europa y de la propia Directiva Europea, el avance de la mediación es muy lento. La falta de demanda social de servicios de mediación disuade también a excelentes profesionales de emplear su tiempo y su dinero en adquirir una formación específica en técnicas de mediación, por lo que en sectores como el de la responsabilidad civil, el concursal o el de los conflictos empresariales o hereditarios, la implantación de la mediación no avanza. A pesar de que las experiencias piloto, especialmente en el ámbito del derecho de familia y del derecho penal han sido un éxito en cuanto a su aceptación y a la calidad de la respuesta, no se ha extendido el sistema como hubiera sido de desear, pese a las magníficas iniciativas de instituciones públicas que se han producido con la creación de centros de mediación públicos en Cataluña, Valencia o Madrid, ni tampoco han tenido una favorable acogida los que han impulsado algunas corporaciones, como los colegios de abogados, de notarios o las Cámaras de Comercio. Debe destacarse también la labor realizada por otras entidades como la Fundación Mediara en Andalucía, o el espacio canario de mediación, o de una abundante oferta por parte de  los institutos y centros de mediación privados que han surgido en España tras la fiebre desatada por el proceso de trasposición de la Directiva 52/2008 , pese a lo cual al primitivo entusiasmo ha seguido un cierto desencanto por los escasos índices que ofrecen las estadísticas en cuanto a la utilización de estos servicios.

4.-  El impulso de la mediación desde los tribunales.

Tenemos la fortuna de contar con la experiencia consolidada del derecho comparado, que no ha sido muy distinta a la española, que nos permite afirmar que la mediación ha despegado como método de trabajo habitual, especialmente utilizado y recomendado por los abogados, cuando se han implicado en su impulso los jueces. Desde Houston, Washington o Londres en el mundo anglosajón, a Berlín, Milán o París en Europa, cuando se ha fomentado la utilización de mecanismos previos o coetáneos complementarios al proceso judicial clásico desde los propios tribunales, se ha empezado a confiar en el sistema.

La propia Directiva (CE) 52/2008 surge como necesidad y tiene sus objetivos focalizados en regular las relaciones entre la mediación y el proceso judicial. Es de suponer que, por la propia naturaleza de las cosas, una vez que la metodología se implante los jueces regresarán a su tarea de trabajar en los casos que les sean sometidos a enjuiciamiento contencioso, que es su trabajo propio y para lo que la sociedad los necesita, pero en la actualidad, y previsiblemente durante algunos años, han de desempeñar un papel importante en el desarrollo de la mediación. Los jueces han de señalar que para determinados conflictos, especialmente los que necesiten de una resolución rápida, en los que los componentes jurídicos sean accesorios, o cuando recuperar sus relaciones para colaborar en el futuro sea de provecho para las dos partes en conflicto, la mediación es un método más idóneo que la controversia judicial contenciosa. La sentencia que dicta un tribunal representa una decisión basada en los parámetros legales, pero extrañamente soluciona realmente un litigio que tenga su origen en otras causas diferentes a los presupuestos del legislador o cuya complejidad no se ajuste exactamente a las premisas del silogismo jurídico.

La asociación europea GEMME[1] fue creada en 2003 por Guy Canivet, presidente de la sala civil de la corte de casación francesa, con el propósito de impulsar la utilización de los MARC como vía alternativa a la judicial, al igual que en 1998 el juez Woolf había promovido un movimiento similar en Inglaterra y Gales, en la estela del juez Levy en Washington, o el magistrado Marcello Marinari en la corte de apelación de Milán. De esta forma se creó también en 2006 la sección española que cuenta en la actualidad con 180 miembros en todo el país, y está jugando un papel activo de primordial importancia en la implantación de las experiencias piloto en un significativo número de juzgados y tribunales. La asociación, presidida en la actualidad por la magistrada del Tribunal Supremo Lourdes Arastey ha firmado un convenio de colaboración con el CGPJ y éste, a través de una vocalía especialmente dedicada a la mediación bajo la supervisión de la vocal Margarita Uría, y con el impulso de la vicepresidencia y de otros vocales, como Antonio Dolado, ha puesto en marcha una unidad de promoción e impulso que tiene su reflejo en la propia web del CGPJ, bajo el epígrafe “temas”.

En estos momentos España cuenta con la cobertura legal, que antaño era inexistente y que servía como excusa para su desdeñar su utilización, cuenta con el apoyo decidido del CGPJ que ha identificado la mediación como uno de los ejes de la modernización de la justicia, y dispone de la decidida actuación de los Consejos generales de la abogacía, de los procuradores, de los notarios y de las cámaras de comercio, y ya se puede afirmar que existe un elenco suficiente de mediadores que han seguido procesos de formación y que pueden empezar a prestar servicios de esta naturaleza tanto en los centros públicos como privados que se han ido constituyendo por todo el país. El Ministerio de Justicia ha trabajado con mucho empeño en un Reglamento que pueda dar respuesta a la exigencia de la Directiva europea de que se pongan a disposición de la ciudadanía servicios de mediación de calidad.

5.- La puesta en marcha de los PNPM.

La sección española de GEMME acordó en su asamblea de 2012 realizar una acción coordinada con otras profesiones jurídicas habituales del foro, en un sentido amplio, para dar a conocer la mediación, profundizar en sus principios y promover protocolos para el impulso de estos métodos alternativos por medio de experiencias piloto que favorecieran las derivaciones de asuntos. En un principio el objetivo fue el de concienciar a estas tradicionales profesiones jurídicas del juego que podía dar la mediación en su trabajo habitual, sirviendo también de enlace entre los juristas y los mediadores.

Se redactó una declaración de principios que se hizo circular por juzgados, despachos, notarías y colegios profesionales y se empezaron a realizar presentaciones públicas en las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia. Esta idea ha recibido el apoyo decidido de los decanatos de jueces de las más importantes ciudades. Incluso la Junta de Jueces de Barcelona adoptó por unanimidad un acuerdo aconsejando la utilización de la mediación.

Han confluido una serie de hechos relevantes que han favorecido la expansión y difusión de estos puntos neutros, como ha sido el proceso legislativo que dio lugar a la ley 5/2012, así como la política emprendida por un buen número de colegios de abogados por promover centros de mediación, a los que se han sumado algunos colegios de notarios, de procuradores, de graduados sociales y, en el ámbito que le es propio, las cámaras de comercio, mencionadas expresamente por la ley para que tengan un papel relevante en la mediación.

La mecánica de los PNPM[2] está inspirada en la que en el siglo XIX impulsó las “sociedades de amigos del país”. Se procura la formación en cada territorio de grupos de trabajo compuestos, al menos, por un juez, un secretario judicial, un abogado, un notario, un asesor de las cámaras de comercio, para desde postulados de colaboración profesional crear una dinámica de acercamiento a la mediación y de conocimiento del funcionamiento de la misma, al objeto de facilitar la actividad mediadora. Se ha de resaltar que los colegios profesionales han acogido la idea con gran entusiasmo. De esta forma también se han ido incorporando a estos grupos algunos mediadores experimentados que han realizado una función informativa muy importante. En todo momento se ha intentado respetar las iniciativas que desde los diversos colectivos, o incluso desde las asociaciones de mediadores, se han puesto en marcha de forma paralela y complementaria.

A estas alturas se puede afirmar que los objetivos se van cumpliendo, aun cuando todavía queda mucho camino que andar. Hay más de 700 profesionales del derecho de toda España que han firmado y se han adherido a la declaración de principios, y se han constituido grupos de trabajo formalmente en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia. En algunas de estas comunidades también se han constituido en poblaciones más pequeñas y, como nota a destacar, en las presentaciones públicas han estado presentes los presidentes de los TTSSJJ, y los decanos de los colegios profesionales, con una notable repercusión en los medios jurídicos y en la prensa.

Una de las claves de las adhesiones radica en que no han sido las instituciones las que han promovido la constitución de los grupos de trabajo, sino que se ha hecho desde las propias bases profesionales. La puesta en marcha de la práctica de la mediación no puede realizarse por decreto ni desde las instancias superiores, sino que es una opción muy personal de los profesionales que, conociendo los principios, las ventajas y el desarrollo de los procesos de mediación, deciden incorporarla a su trabajo habitual: los jueces recomendando el método, los abogados, procuradores o notarios utilizando este mecanismo y los gestores de los colegios profesionales y corporaciones, fomentando la práctica mediante la creación y fortalecimiento de instituciones de mediación.

En la actualidad, desde poblaciones muy diversas se dirigen algunas personas a la junta directiva de GEMME para intentar crear un grupo de trabajo en su territorio y, en la medida de nuestras capacidades, intentamos poner en contacto a los jueces con los núcleos de profesionales que están interesados en promover en su partido judicial el desarrollo de la mediación, respetando y colaborando con los servicios de mediación ya existentes y coordinando con la vocalía del CGPJ la formalización de las experiencias para dotarlas del suficiente grado de seguridad jurídica y calidad.

6.- El Simposio de septiembre 2013 y los objetivos a largo plazo.

Toda la actividad que se está desarrollando por los grupos de trabajo del PNPM va ser objeto de una puesta en común en el III Simposio de mediación de GEMME que está previsto que se celebre en Madrid con el título “Balance de un año de vigencia de la Ley 5/2012”. Los dos precedentes se celebraron en Valencia (tribunales y mediación) en 2007, y Barcelona (Libro Blanco de la mediación en Cataluña) en 2010.

Los grupos de trabajo están debatiendo ya diversos documentos en tres ámbitos diferentes: el primero es el de las derivaciones a la mediación desde la actividad ordinaria de las diversas profesiones jurídicas, con desarrollo de indicadores y la elaboración de protocolos, el segundo se centrará en las buenas prácticas en la utilización de la mediación y en las medidas para garantizar una mediación de calidad y, finalmente, el tercero tendrá por objetivo redactar un panel de acciones de difusión y promoción de la mediación entre los diversos colectivos profesionales. También servirá de foro para analizar el proceso de trasposición de la directiva en los diversos países de Europa.

Los objetivos que se pretenden a largo plazo son: a) Favorecer que la mediación se introduzca como tema en los cursos de formación de abogados, procuradores, secretarios judiciales, notarios y jueces; b) Constituir con carácter permanente un lugar común de reflexión para el análisis de las experiencias, la detección de anomalías, el estudio del derecho comparado, la propuesta de mejoras y las iniciativas de formación que procedan, que organice tertulias, debates y foros; c) Promover bianualmente sucesivas ediciones del SIMPOSIUM DE LAS PROFESIONES JURÍDICAS SOBRE LA MEDIACIÓN; y d) Crear una estructura, a modo de Consejo Nacional de la Mediación, que pueda servir de órgano consultivo, de seguimiento de la implantación de los proyectos y de colaboración con el CGPJ, el Ministerio de Justicia, las CCAA y la Universidad.

7.- La declaración de principios del PNPM.

Los principios en los que se inspiran los PNPM están recogidos en esta declaración que es el documento fundacional al que se deben adherir todos los profesionales que se adhieren a esta iniciativa:

  1. La inserción de la cultura de la mediación y otros medios alternativos a las vías tradicionales de resolución de conflictos favorece la participación de las instituciones de la sociedad civil en el sistema de justicia, y contribuye al fortalecimiento de los vínculos de colaboración entre los ciudadanos,  entre las empresas, el comercio, el mundo de la economía y las finanzas.
  2. La complejidad de las relaciones sociales en el mundo de hoy, y las dimensiones multidisciplinares de los conflictos más habituales precisan de métodos complementarios a la vía judicial contenciosa, que no entren en colisión con el funcionamiento de la jurisdicción ni con el arbitraje. Cada una de las vías de resolución de conflictos existentes está especialmente indicada para una tipología diferente de problemas. La mediación tiene la ventaja de que favorece el mantenimiento de las relaciones en el futuro, y es una garantía para la ejecución voluntaria de los acuerdos.
  3. Al igual que ocurre en el proceso judicial o en los de negociación directa bilateral, la abogacía, el notariado, los profesionales de la administración de justicia como jueces, secretarios y procuradores, tienen un papel perfectamente definido en los procesos de mediación. El conocimiento en profundidad del funcionamiento de estos métodos es necesario para apreciar la utilidad de los mismos. La actitud positiva de los profesionales de la justicia en la promoción de la mediación es la mejor garantía para la implantación del sistema.
  4. La mediación tiende a evitar que la percepción errónea de la realidad de los conflictos interpersonales caracterizados por un alto grado de emotividad o las puntuales diferencias de intereses entre las personas que ejercen las responsabilidades en las empresas puedan determinar la ruptura de relaciones necesarias para las dos partes, o la desaparición de redes comerciales, de dinámicas de contribución en los procesos productivos cuando no ser la causa del hundimiento de empresas. En muchos casos las sentencias judiciales llegan cuando ya es imposible recuperar la actividad económica o los mercados o las relaciones personales.
  5. Es necesario un tratamiento propio y específico de la mediación en el ámbito del derecho privado, diferente en su mecánica a la mediación en conflictos con la administración, cultural, penal o laboral, y diferente también de la mediación en conflictos familiares.
  6. En cuanto a la figura del mediador, debe potenciarse el libre ejercicio de la actividad mediadora por las personas que ejercen las profesiones jurídicas clásicas tales como abogados, notarios o procuradores, aun cuando se considera necesaria y exigible una formación específica en las técnicas de negociación y mediación.
  7. Se considera necesaria una certificación expedida por el Ministerio de Justicia que habilite a los profesionales en cuanto a su idoneidad para que, en calidad de mediadores, puedan recibir encargos desde los Tribunales, y de esta forma existan las debidas garantías de que los acuerdos en los que pueda intervenir gocen de los requisitos imprescindibles para su eficacia.
  8. Se destaca la conveniencia, como se ha insertado en otros países, de la creación de un organismo con sede en el Ministerio de Justicia, a modo de Consejo Nacional de la Mediación Civil y Mercantil, para que sirva de soporte a las políticas públicas sobre la mediación en este ámbito. (Sin perjuicio de las competencias que en materia de familia, servicios sociales, y conflictos ciudadanos tienen las Comunidades Autónomas).
  9. Es sumamente conveniente, para un buen funcionamiento del sistema, que la homologación de los acuerdos por los tribunales de justicia cuando existan materias de orden público o procesos en trámite, o por los notarios en materias que no sean de orden público, es una medida adecuada para la seguridad jurídica.
  10. Se ha de destacar que la intervención de los notarios, el fortalecimiento de los procesos de negociación formal y estructurada previa a los procesos judiciales, así como el papel de la abogacía en el asesoramiento a sus clientes en los sistemas extrajudiciales, son elementos necesarios del sistema que pueden ser fundamentales para reducir la carga de trabajo de los tribunales, sin que ello pueda ser interpretado como un proceso de privatización” de la justicia.
  11. Como elemento importante para la correcta implantación de la mediación dentro del ámbito civil y mercantil a la que se refiere la Directiva 52/2008, es preciso tener en cuenta la existencia de esferas de intervención que requieren de un tratamiento distinto, en las que tanto la formación como el perfil del mediador debe ser diferente:
    1. La primera es la relativa a los asuntos de pequeña cuantía para los que es conveniente establecer mecanismos que favorezcan un trámite de mediación previo a la vía jurisdiccional (de forma seria y no burocratizada), en el que tengan protagonismo los colegios de notarios, de procuradores y de abogados (el servicio de orientación mediadora), inserto incluso en el asesoramiento de base del turno en la justicia gratuita. Orientar aquí hacia la mediación en vez de hacia el proceso judicial puede ser muy eficaz.
    2. La segunda se refiere al derecho de la persona y la familia, donde es necesario un esfuerzo de todos los profesionales que tienen un papel relevante en el tratamiento jurídico de los conflictos para impulsar, como exigencia ética, los mecanismos de mediación, fundamentalmente siempre que existan menores o personas incapaces. Abogados, procuradores, notarios y jueces deben en estos casos aconsejar e invitar a las partes a la utilización de los mecanismos de mediación (como desde otras esferas, como la psicología o la educación social).
    3. La tercera es la relativa a conflictos complejos en materia patrimonial, económica o empresarial, en general, en los que la discrepancia fáctica o jurídica constituyan aspectos accesorios a otros componentes más relevantes del problema. En muchos de estos casos la decisión judicial no suele solucionar el conflicto, mientras que retomar las negociaciones, incluso en una fase avanzada del curso de proceso judicial, puede ser de mucha utilidad y, sobre todo, de mayor eficacia en la práctica.
  12. Para que la mediación pueda desarrollarse de forma adecuada es necesario el estudio y la profundización de la realización de los principios básicos del sistema: la confidencialidad, la voluntariedad y la imparcialidad. Además de constituir las bases del ejercicio de la mediación por los profesionales, deben ser abordados desde el ámbito de los estudios universitarios. Para tal fin se ha de realizar una tarea eficaz tendente a la inclusión de su estudio en los planes docentes, el favorecimiento de los estudios de postgrado y la realización de doctorados sobre la materia. Para todo ello la colaboración de las universidades con los profesionales es esencial, toda vez que la metodología de la mediación ha de combinar convenientemente los conocimientos teóricos con la experiencia práctica.
  13. Sobre la base de las anteriores reflexiones, y compartiendo lo esencial de los principios expuestos en esta declaración, los profesionales del derecho que la suscriben se comprometen a colaborar interdisciplinariamente para consolidar una implantación de la mediación basada en la excelencia profesional y en las mejores prácticas.


[1] QUÉ ES GEMME: Es una asociación europea y europeísta que tiene por finalidad la de promover, desde el ámbito de los propios tribunales de justicia, los sistemas alternativos de resolución de conflictos (ADR) y, especialmente, de la mediación. Se creó en Francia en el año 2003. Su impulsor fue el presidente de la Corte de Casación francesa Guy Canivet. Hoy existen secciones en Alemania, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Noruega, Portugal, Rumanía y Suiza. Existen miembros asociados de Gran Bretaña, Grecia, Polonia, Rusia y Lituania. La sección española se constituyó en 2007 y en la actualidad ha superado ya el número de ciento ochenta personas asociadas. Es una asociación que tiene el estatus de observadora en el Consejo de Europa, que está a la Red Europea de Cooperación Judicial y a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. La página web de GEMME es: http://www.gemme.eu   El mail de contacto: gemme.espana@gmail.com 

[2] Según su documento constitutivo, el “punto neutro de profesionales jurídicos para el desarrollo de la mediación” (PNPM) es un grupo de trabajo informal de personas procedentes de los diversos colectivos que trabajan en el campo del derecho, que surge ante la necesidad de compartir experiencias, compaginar proyectos y establecer estrategias comunes para que la inserción de la metodología de la mediación  en el sistema de justicia español se realice en las mejores condiciones de calidad y eficacia. La utilización de la mediación por las profesiones jurídicas clásicas que han operado en el derecho privado (abogados, notarios, jueces, secretarios judiciales, procuradores y profesores universitarios), requiere un tratamiento armónico para que su práctica profesional sea posible. Por esta razón es imprescindible dar un mensaje homogéneo a los diferentes colectivos profesionales, y elaborar unos protocolos de actuación razonables y consensuados, en los que quede perfectamente delimitado el papel que cada una de estas profesiones jurídicas ha de desempeñar en la práctica de la mediación.

 

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